El crecimiento económico del país se ha apoyado en gran medida en las pymes, que forman un tejido empresarial de indudable creación de trabajo. Paralelamente, las start ups han venido empujando con fuerza en los últimos años y suponen una creciente fuente de empleo (se estima que crearán más siete mil nuevos puestos de trabajo este año, según un estudio realizado por Startupxplore).
Las start ups se enfrentan a un sinfín de dificultades para salir adelante, entre las que se encuentran la falta de ayuda de las instituciones públicas, la dificultad para contratar profesionales cualificados, la inseguridad jurídica y ausencia de un asesoramiento que las permita desarrollarse con garantías, etc.
Frente al creciente apoyo de las empresas e instituciones privadas a las start ups a través de incubadoras, aceleradores, business angel, etc. existe una preocupante carencia de iniciativas públicas de apoyo a las mismas. Mientras países como Reino Unido declara estratégico el sector “fintech” y apuesta en firme por el desarrollo del sector digital y las start ups (que han generado más del 50% del trabajo creado en ese país en el último año), el inmovilismo de las instituciones públicas en España supone una huida del talento y de las propias start ups, generando empleo y riqueza fuera de nuestro país. Junto con la aprobación de normas que fomenten y faciliten la creación y desarrollo de start ups en el marco de la Estrategia Europa 2020 para la mejora de las condiciones de financiación para la investigación y la innovación, se debe realizar un apoyo por parte de las administraciones públicas a través de políticas e iniciativas públicas que creen un ecosistema donde se puedan desarrollar en nuestro país, eliminando las formalidades que impidan el acceso a los programas de financiación.
Además, la crisis y el inestable y rígido mercado laboral aviva la dificultad de contratar a personal cualificado que no suponga una carga salarial que acabe lastrando el proyecto. Así, nos encontramos con que el 50% de las start ups tienen puestos de trabajo por cubrir por falta de personal cualificado (según un estudio de Talentoscopio), debido principalmente a la expatriación a que se han visto obligados los españoles por la crisis, con la consiguiente fuga de talento. Los contratos de prácticas son una solución provisional que no resuelve el problema de contar con el personal necesario para que la start up acabe funcionando.
La seguridad jurídica y contar con un asesoramiento en todo momento es esencial para el éxito de cualquier empresa, pero si cabe más aún para las start ups que suelen operar en sectores muy técnicos con una excesiva y enmarañada normativa. Así, una start up tecnológica que desarrolle apps o wearables en el ámbito sanitario puede incumplir la normativa de protección de datos, comercio electrónico, propiedad intelectual e industrial, etc. El afán del legislador por regular nuevas iniciativas y situaciones económicas (crowdfunding, modelos de economías colaborativas, etc.) desincentiva el emprendimiento y reduce la competitividad en nuestro mercado.
España debe generar un ecosistema favorable para el desarrollo de start ups no sólo nacionales, sino internacionales que ven en nuestro país un lugar donde la existencia de personal cualificado y una alta calidad de vida, unido a ser un puente entre Latinoamérica y Europa les anime a instalarse y crear empleo y riqueza.
