La nueva Ley de Contratos del Sector Público trajo consigo un notable impulso de la contratación socialmente responsable.
Pues bien, el pasado 12 de abril de 2019 el Consejo de Ministros aprobó un Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo objetivo principal será el beneficiar especialmente a las personas con discapacidad y a las mujeres.
En concreto, el Plan pretende impulsar la aplicación por parte de las entidades del sector público estatal de toda una serie de orientaciones para la redacción de los pliegos de las licitaciones públicas:
Exclusión de las empresas que no cumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por 100 para personas con discapacidad.
Obligación de rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral.
Tomar en cuenta consideraciones sociales como parámetro de la calidad de la prestación
Obligación del contratista y de sus subcontratistas de cumplir determinadas consideraciones sociales durante la ejecución del contrato, pudiendo acordar la resolución del contrato en caso de que incumplimiento.
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