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Implicación de la Ley Ómnibus en el sector urbanístico


La Comunidad de Madrid pone en marcha una ambiciosa reforma normativa, a través de la conocida como Ley Ómnibus, que entró en vigor el lunes 23 de enero de 2023.

El Plan está compuesto por un conjunto de treinta medidas, cuya finalidad principal es la reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis producida por el COVID-19. Abarca numerosos sectores que se vieron afectados durante la pandemia, como la Economía, el empleo, la Hacienda Pública, la Administración, Urbanismo, Medio Ambiente, Educación…


El objetivo básico es la modernización del sistema administrativo, dotar de agilidad y eficacia el mismo; para reducir trámites y cargas administrativas, así como gastos y lograr estimular la actividad económica.


En Materia urbanística, el plan prevé adecuar su regulación a la legislación estatal básica, impulsar la actividad económica, adaptar la actividad urbanística a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas urbanísticas innecesarias y modernizar la organización administrativa. Se modifican entre otras, las siguientes leyes:


La Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, estableciendo una nueva regulación de los Proyectos de Alcance Regional, donde se simplifican los trámites de gestión para lograr adecuarlo a la realidad económica y atraer inversiones estratégicas, que ayuden a favorecer a la economía y al empleo.


La modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que conlleva: Nueva regulación para las actuaciones de dotación y se positivizan las transferencias de aprovechamiento urbanístico.

  • Modificación del régimen jurídico aplicable a los patrimonios públicos de suelo ampliando sus fines.

  • Modificación del régimen de las redes públicas para incluir en suelos dotacionales vacantes viviendas públicas.

  • Modificación de las competencias de los municipios en materia de planeamiento urbanístico, simplificando el procedimiento y garantizando su competencia exclusiva en los mismos.

  • Nueva regulación del régimen de colaboración público-privada con el objetivo de mejorar la gestión y eficacia de los servicios de gestión de las licencias urbanísticas.

  • Modificación del alcance de las actuaciones en suelo rústico.

  • Modificación de la Intervención municipal en actos de uso del suelo y edificación mediante la actualizando la redacción vigente, para proteger a los agentes que intervienen en los actos de construcción, edificación y uso del suelo.


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