Los fondos Next Generation llegaron con la finalidad restablecer la economía de los Estados Miembros tras la pandemia mundial originada por la Covid-19. Su gestión en España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), trae consigo exigencias para las empresas que estén interesadas en beneficiarse.
Con el fin de prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, el pasado 29 de septiembre el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HFP/1030/2021, la cual prevé que las entidades interesadas en estas ayudas deberán hacer una “declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios” del PRTR, rellenando el modelo que se incluye en el Anexo IV.C de la misma.
Para cumplir con estos principios, junto con los estándares más exigentes contemplados en la declaración, los interesados deberán contar dentro de sus organizaciones con mecanismos adecuados para prevenir la comisión de estos delitos.
Por tanto, una de las herramientas más idóneas para resultar beneficiarios de los fondos NextGen es tener implementado un programa de compliance como instrumento eficaz para prevenir y gestionar los riesgos penales dentro de una empresa.
