Criptomonedas: nueva normativa en España contra el fraude fiscal

El 10 de julio se publicó en el BOE la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye nuevas obligaciones para aquellas personas que posean criptomonedas y criptoactivos. Conocida como ‘Ley contra el Fraude’, esta nueva normativa es una transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016.

LUCHA CONTRA LA OPACIDAD

La primera de las nuevas obligaciones establece que las personas y empresas que gestionen criptomonedas deberán informar a la Agencia Tributaria de los saldos que tengan tanto en moneda virtual como en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

El objetivo de la nueva normativa es reforzar el control tributario “sobre los hechos imponibles relativos a monedas virtuales”

Por otro lado, la nueva ley establece que los llamados exchanges –las plataformas digitales donde se negocian, compran y venden criptomonedas– deberán informar a la Agencia Tributaria de los domicilios, identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, precio y fecha de cada operación. Igualmente, se deberá informar a Hacienda sobre aquellas operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia de monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dicha moneda.

DECLARACIÓN DE LA RENTA y SANCIONES

Otra de las novedades determina que los titulares de criptomonedas y criptoactivos en el extranjero a través de monederos internacionales deberán incluirlas como bienes en la declaración de la renta, en la Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos en el extranjero (modelo 720).

La nueva normativa contempla un régimen de sanciones de hasta 5.000 euros “por cada dato referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración”. Cabe destacar que no se ha especificado la base imponible mínima a partir de la cual se debe informar a las autoridades fiscales.

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