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Dpto. Sector Público y Compliance

La CNMC presenta diversas recomendaciones para la contratación pública en España

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) publicó en febrero una evaluación del sistema de contratación pública en España centrada en las repercusiones según los tipos de procedimiento elegidos. El análisis de la CNMC se circunscribe únicamente a los procesos de contratación estatales debido a la escasez de datos sólidos a nivel autonómico y local.


Dicho informe parte de varias premisas. En primer lugar, pone de relieve la repercusión directa en el PIB español de la contratación pública, entre el 10% y el 20%, con el consiguiente alivio o recargo para el gasto público.


Por otro lado, señala la pertinencia de aumentar el número de participantes en las licitaciones públicas. En el 34% de los contratos con el Estado solo participa una empresa, en el 65% son tres o menos participantes.


Estas cifras sitúan a España a la cola a nivel europeo. Además, destaca que en los contratos con un volumen más reducido se emplean procedimientos menos competitivos.


Según demuestran diversos organismos nacionales e internacionales, que el número de candidatos sea más amplio favorece que:

  1. se reduzcan los costes para la Administración: a) un 2% de media por cada empresa adicional en un proceso de licitación; b) ahorro de casi el 10% en los contratos con un procedimiento abierto frente a los procedimientos restringidos, negociados y diálogos competitivos;

  2. disminuya el riesgo de prácticas ligadas a la corrupción;

  3. se incremente la calidad de los servicios propuestos por los candidatos;

  4. se presenten ofertas de mayor variedad.

Como ejemplo, y tomando las estimaciones más conservadoras (2% de ahorro en el PIB, en una horquilla hasta el 10-20%), la CNMC apunta al notable ahorro que podían haber realizado las administraciones durante el periodo 2012-2016: 1.700 millones de euros.

Las recomendaciones de la CNMC a las administraciones públicas:

  1. Integración de las diferentes bases de datos de contratos públicos.

  2. Más exactitud en las informaciones disponibles en las plataformas de contratación.

  3. Concienciación para aumentar la eficiencia y competitividad en la contratación pública en España.

  4. Adecuar los procedimientos de contratación según cada circunstancia concreta, aportando una justificación en caso de seleccionar un procedimiento menos competitivo.


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