Las empresas que operan en el ámbito sanitario se enfrentan en la actualidad a grandes retos y posibilidades.
La normativa de contratación pública sanitaria ha vivido en los últimos años innumerables modificaciones que han dificultado su comprensión y aplicación, exigiendo, en mayor o menor medida, un esfuerzo a las empresas sanitarias para adaptarse a las cambiantes condiciones de la contratación pública y a las nuevas posibilidades que presenta, especialmente para aquellas empresas que tienen como principal cliente a las Administraciones Públicas.
Esta situación debería estabilizarse con la aprobación, por parte del nuevo Gobierno, del proyecto de ley que debe trasponer las Directivas europeas en materia de contratación pública, y cuya aprobación se ha fijado como prioritaria en esta legislatura.
Las Directivas, aplicables desde abril de 2016 en virtud de su efecto directo, y la nueva ley que se apruebe, junto con las últimas modificaciones, suponen cambios importantes que las empresas del sector sanitario, en especial las que presentan servicios, deben tener en cuenta.
Estas nuevas normas están dirigidas a facilitar el acceso de las empresas, especialmente las pymes, a contratos públicos, con medidas para hacer más sencilla y menos burocrática la posibilidad de licitar la presentación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. Así, junto con la supresión de la obligación de la clasificación para los contratos de servicios, se están creando y promoviendo nuevas formas y procedimientos de contratación, fomentando la contratación social, medioambiental y ecológica, así como la innovación y la posibilidad de que las empresas tengan mayor iniciativa en la configuración del servicio a prestar para los organismos públicos.
La Asociación para la Innovación, la Compra Pública Innovadora y sus dos posibilidades (Compra Pública de Tecnología Innovadora y la COmpra Pública Precomercial), las Consultas Preliminares al Mercado, la División en Lotes y las Ofertas Integradoras son mecanismos y herramientas que las empresas deben empezar a conocer profundamente y saber manejar para conseguir un mejor posicionamiento como licitadoras y más opciones de resultar adjudicatarias de contratos públicos sanitarios.
Las empresas licitadoras se enfrentan a nuevos retos en los que pasan de ser prestadores de servicios a partners y consultores de I+D+i de las Administraciones Públicas. Para ello, deben saber cómo afrontar estos nuevos desafíos y posibilidades, en primer lugar, reuniendo la capacidad y solvencia necesaria para acceder a contratos públicos y, en segundo lugar, adoptando iniciativas y soluciones proactivas que beneficien a los servicios públicos.
A todo ello se une Contratación Pública Electrónica, cuyo papel primordial en la tramitación y comunicaciones con las Administraciones Públicas Sanitarias es esencial para las empresas licitadoras, que deben estar preparadas técnica y tecnológicamente para poder acceder a contratos públicos.
Se abre, por lo tanto, un amplio abanico de posibilidades para las empresas en la contratación pública sanitaria para las que se deben preparar y no pueden dejar desaprovechar en un mercado con, cada vez, más competencia.
