El Consejo de Ministros ha aprobado unas instrucciones para el sector público estatal que tienen como finalidad incrementar la transparencia y la publicidad en el ámbito de la contratación pública.
La Decisión del Consejo Europeo del pasado 2 de agosto de 2016 advertía a España de la necesidad de adoptar medidas para aumentar la transparencia de la contratación pública a fin de garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de competencia. En particular, se hacía referencia a una utilización relativamente elevada del procedimiento negociado en el que no es obligatoria su publicación previa.
Anticipación de medidas
En respuesta a esa Decisión, España se comprometía a anticipar determinadas medidas que, con esta finalidad, se contienen en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, remitido a las Cortes en el mes de noviembre para su tramitación urgente. Así, en dicho Proyecto se suprime el actual procedimiento negociado por razón de cuantía en el que no es necesaria la publicidad: contratos de menos de doscientos mil euros en obras y de sesenta mil euros en otros contratos.
En esta línea, las instrucciones establecen, para todos estos contratos que hasta ahora estaban exentos de publicidad, la obligación de publicar electrónicamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público los correspondientes anuncios con lo que se incrementa de manera notable la transparencia en la contratación pública.
Además, el órgano de contratación tendrá que fijar un plazo, que no podrá ser inferior a siete días hábiles, para que los empresarios interesados dispongan de tiempo suficiente para poder presentar sus correspondientes ofertas.
Obligado cumplimiento en el sector público estatal
Estas instrucciones son de obligado cumplimiento para las entidades del sector público estatal, incluidas la mayor parte de las sociedades mercantiles estatales. Además, el Acuerdo prevé que se dé traslado del mismo a las Comunidades Autónomas y Federaciones de Entidades Locales con mayor implantación para fomentar que adopten en su ámbito de competencias instrucciones de contenido análogo a las que ahora aprueba el Estado.
