Este viernes 17 de diciembre entra en vigor en todos los países de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.
Conocida en el sector como Directiva Whistleblowing, esta nueva normativa impone la obligatoriedad de que todas las empresas públicas y privadas con 50 o más empleados, todos los organismos públicos y los municipios con más de 10.000 habitantes establezcan un canal de denuncia interna y los procedimientos para su seguimiento. Las empresas de entre 50 y 249 trabajadores disponen de un período transitorio adicional de dos años, hasta el 17 de diciembre de 2023.
El objeto de esta Directiva es que los trabajadores puedan comunicar posibles infracciones internas de manera confidencial y segura para el alertador/denunciante (whistleblower) y se respeten los derechos de todas las partes implicadas. Dicho canal de denuncia debe resultar anónimo, accesible y visible dentro de cada organización y deberá ponerse un responsable a su cargo.
Entre otros ámbitos, esta Directiva abarca las denuncias relativas a:
contratación pública
servicios, productos y mercados financieros; prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
seguridad de los productos y conformidad
seguridad del transporte por carretera, en aguas interiores y en los sectores ferroviario y marítimo
protección del medio ambiente, desde la gestión de residuos a los productos químicos
protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear
seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales
salud pública, incluidos los derechos de los pacientes y los controles sobre el tabaco
protección de los consumidores
protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.
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