El pasado 15 de diciembre el Parlamento Europeo (PE) aprobó la propuesta de Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA) con 642 votos a favor, 8 en contra y 46 abstenciones, por lo que las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembro se llevarán a cabo durante el primer semestre de 2022.
El texto aprobado afectará a los proveedores de “servicios básicos de plataforma”, es decir, aquellas empresas que cumplan los requisitos legislativos para ser designados “guardianes de acceso”, como por ejemplo motores de búsqueda, redes sociales, navegadores de Internet, asistentes virtuales o proveedores televisión híbrida (Smart TV), dado que son sectores más propenso a prácticas desleales. La normativa está dirigida a los gigantes tecnológicos (Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Zalando, etc.) y establece una serie de obligaciones y prohibiciones con el objetivo de salvaguardar unos mercados justos y abiertos.
La propuesta del PE busca poner coto a prácticas comerciales desleales por parte de estas plataformas tecnológicas que de facto actúan como “guardianes de acceso” y autorizaría a llevar a cabo investigaciones de mercado y sanciones por parte de la Comisión en colaboración con las autoridades nacionales.
“Nuestro mensaje es claro: la UE aplicará las reglas de la economía social de mercado también en la esfera digital, y esto significa que los legisladores, y no los gigantes digitales, dictan las normas”. Andreas Schwab (PPE, Alemania), responsable de la tramitación del texto
Algunas de sus principales novedades:
Define y eleva los umbrales cuantitativos para determinar qué empresas son consideradas “guardianes de acceso”.
Limita las llamadas “adquisiciones asesinas”, es decir, aquellas operaciones en las que una compañía adquiere otra con la finalidad de cortar su desarrollo y reducir o evitar la competencia.
Permite la desinstalación de aplicaciones o programas preinstalados en cualquier servicio básico de plataforma.
Establece una horquilla de multas entre el 4 y el 20 % del volumen de negocios mundial durante el ejercicio anterior de aquellos “guardianes” que incumplan la normativa.
